Por Nelson Marte
Hasta trascender que un coronel del Ejército andaba bregando con equipos electrónicos de los usados para la organización de las fallidas elecciones municipales del 16F, se pensaba que la Policía Militar Electoral limitaba su rol a la seguridad y el orden que deben reinar en los recintos electorales y sus alrededores, durante los procesos electorales
Eso hemos querido seguir creyendo incluso cuando quien dio la explicación sobre el affaire del coronel con el técnico de Claro, no fue el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Espaillat, o el mayor general Estanislao Gonell Regalado, jefe del Ejército, sino Sigfrido Pared Pérez, director del DNI, policía política del gobierno, que tiene por demás a un subdirector como delegado del partido de gobierno en la JCE.
Tras el escándalo provocado por la suspensión de las municipales, el gobierno del presidente Danilo Medina reaccionó aceptando los requerimientos de la oposición para que se haga una debida indagatoria, con acompañamiento internacional, asimilando las protestas escenificadas en todo el país, en las que el pueblo ha denunciado a su gobierno como responsable del tollo, y aceptando concertar con los partidos y la JCE algunos ajustes que mejoran el proceso electoral.
El gobierno de Estados Unidos envió a Palacio a su embajador en la OEA, emitiendo una nueva y clara señal de atento seguimiento al compromiso contraído por el presidente Medina y el secretario de Estado Pompeyo, para que las elecciones del domingo y las del 17 de mayo sigan un curso institucional.
Luego del colapso del 16F, cuando el presidente del PLD atribuyó públicamente la suspensión a “irresponsabilidad y falta de autoridad” de la JCE, y de que la oposición solicitara nuevas garantías para las reprogramadas elecciones, el órgano electoral ha concertado medidas que visten el proceso de mayor seguridad, transparencia y confianza.
Eso al menos es lo que se observa desde afuera, cuando se informa de veedurías, incluso con recursos audiovisuales en el escrutinio en colegios y juntas electorales, dirigido a desterrar la vieja cultura de la tramposería electoral de que “acta mata voto”, mediante el cual se estafa la expresión de la voluntad popular después de ejercida.
El sector empresarial, que se embullaba bailando cuanta música tocara el gobierno, parece haberse sacudido y entendido, al fin, que su mejor negocio son elecciones libres, justas, y transparentes que robustezcan una institucionalidad democrática que sirva de base al desarrollo económico y a la creación de riqueza social.
Las iglesias, de su parte, y sobre todo la católica, desde el 21 de enero tronó en sus mensajes del Día de la Altagracia, contra la compra de votos, el uso delos fondos públicos para manipular la voluntad popular, y por un voto ciudadano consciente .
Llegaron más lejos, los obispos, afirmando que las elecciones deben servir para que el pueblo se aboque a adoptar “una nueva agenda”, y a “no dejar el país en manos de los corruptos”, mientras reprobaban el uso de los electrodomésticos del Plan Social en la campaña, y llamaban a la JCE a prohibirlos.
Queda pendiente que la Policía Militar Electoral, que al parecer ha estado triangulada más con los intereses políticos del PLD que con la apoliticidad castrense, cumpla su rol institucional consciente su superioridad de que muchos ojos estarán puestos sobre su desempeño.
Que los avances profesionales de las FF.AA. y el balbuceo democráticos del próximo domingo no deben ser de algún modo estropeado por cuadros militares cumpliendo órdenes politiqueras.
Se espera de la Policía Militar Electoral que atienda a la seguridad y el orden en y alrededor de los recintos de votación, incluyendo no mirar para otro lado frente a delitos electorales flagrantes, como la compra del voto y el acoso a los electores.
Que no deben involucrarse en lo relativo al manejo de máquinas ni programas del cómputo, registro, transmisión y publicación del voto, que son atribuciones de los funcionarios electorales civiles y los delegados de los partidos.
Ni deben hacerse de la vista gorda cuando alegados “técnicos electorales” intenten penetrar subrepticiamente a los recintos electorales, como ocurrió en muchos recintos en la tarde de la víspera de las fallidas elecciones, a menos que sean comisiones formales de la JCE acompañadas de los delegados de los partidos.
