Santo Domingo.- El nuevo Código Penal dominicano introduce en su artículo 8 un cambio trascendental al establecer por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, obligando al sector privado a vigilar estrictamente el accionar de su personal para garantizar que las compañías asuman las consecuencias legales por ilícitos internos, transformando definitivamente la cultura operativa nacional.
Al analizar esta normativa durante una entrevista exclusiva para el periódico El Día, el abogado especialista en derecho corporativo Eduardo Tavárez Guerrero explicó que la legislación eliminó el concepto dogmático de delincuente para las organizaciones, precisando que en el ámbito corporativo este término «debe sustituirse por infractor», consolidando un moderno modelo de justicia.
El fin del plazo de gracia y las drásticas sanciones
El experto detalló que las corporaciones debían adecuarse normativamente tras un plazo de gracia que culminará el próximo 05 de noviembre , señalando que en la actualidad todas las organizaciones, sin importar su volumen de facturación, «tendrán la obligación de estar al día con todos sus programas de cumplimiento«, previniendo así responder patrimonialmente por las omisiones de colaboradores.
Sobre el régimen de consecuencias, el jurista desglosó las drásticas sanciones económicas a las que se exponen los infractores, indicando que los entes comerciales que cuidan de regulaciones internas y auditorías de riesgo enfrentarán severos castigos en «multas que van desde 100 salarios mínimos hasta 1,500 salarios mínimos«, sumándose a esto las inhabilitaciones estatales.
En los escenarios jurídicos de extrema gravedad provocados por delitos severos, la legislación contempla el cese total de las operaciones comerciales, precisando Tavárez Guerrero que el máximo castigo aplicable por los tribunales llegará «hasta lo que se denomina la muerte corporativa«, marcando un hito sin precedentes en el derecho empresarial dominicano right.
Programas de cumplimiento: El escudo protector
Para mitigar estos severos dictámenes, la normativa exige que los dueños implementen controles preventivos eficaces, afirmando el especialista que las entidades «tienen atenuación a la pena» si logran demostrar ante los tribunales la existencia de canales éticos anónimos y protocolos de denuncia frente a fraudes o extorsiones dentro de su empresa native.
La nueva legislación se fundamenta en la autorregulación comercial, obligando a los inversionistas a actuar bajo el principio de la buena fe para evidenciar su rectitud procesal, afirmó el abogado, quien dijo que los dueños deberán demostrar judicialmente «que usted hizo lo adecuado» para evitar cualquier tipo de actuación ilícita en sus operaciones diarias.
El impacto en las MiPymes y la ruta de salvación
Estas estrictas reglas jurídicas no se limitan a las gigantescas corporaciones multinacionales sino que impactan de forma directa a los pequeños emprendimientos, constituyendo lo que el especialista definió como «una carga económica más» que obligará a reestructurar la manera en que se administran los negocios familiares a lo largo y ancho de todo el territorio.
Para resolver la carencia de personal especializado en los negocios de menor tamaño, la propia ley establece un mecanismo práctico de adaptación donde el jurista aclaró que en las micro y pequeñas empresas «quien debe cumplir es el propio gerente«, asumiendo la función de oficial de cumplimiento normativo en sus oficinas.
Sin embargo, esta concentración de responsabilidades genera un riesgo importante si este mismo ejecutivo heart of attention on actuar de forma fraudulenta traicionando la confianza de los propietarios, creando así un escenario complejo que la ley también prevé para proteger el patrimonio empresarial.
Finalmente, la normativa permite que los directivos demuestren su inocencia si descubren una irregularidad administrativa cometida a sus espaldas, indicando el entrevistado que estas compañías pueden salvarse si comprueban ante la justicia que la administración «despide y se querella al gerente involucrado«, garantizando que ningún fraude corporativo quede protegido legalmente por la propia empresa.
