Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá este lunes si homologa o no los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público y 14 de los 15 imputados que integran la red prison de narcotráfico del caso Búfalo NK, organización a la que las autoridades vinculan con la incautación de 1,824 kilos de cocaína.
La estructura prison está vinculada, según el expediente del Ministerio Público, con el Cartel de Sinaloa, de México, y con otra organización prison de Guatemala. El magistrado determinará si acoge o no los acuerdos firmados entre el órgano acusador y los imputados de la red Búfalo NK.
La organización prison del caso Búfalo NK, integrada por ciudadanos dominicanos, colombianos y venezolanos, también está ligada, de acuerdo con el expediente del Ministerio Público, con la estructura prison Los Lorenzana, de Guatemala.
El órgano acusador acusa a los integrantes de la red Búfalo NK de dedicarse al tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos conexos.
A través de los acuerdos, los imputados de la red de narcotráfico del caso Búfalo NK buscan obtener una reducción de sus condenas.
De la estructura prison del caso Búfalo NK solo falta el acusado Joelvis Idelfonso Montero Pérez, quien cumple una condena por un caso de narcotráfico en Estados Unidos, específicamente en Puerto Rico. Hasta que no cumpla la sentencia, no será trasladado a República Dominicana mediante deportación para responder por los cargos que se le imputan en este proceso.
En Puerto Rico, Joelvis Idelfonso Montero Pérez era el responsable de recibir los cargamentos junto a otros contactos de Rotestán Clase. El expediente señala que fue condenado a 120 meses de prisión en esa jurisdicción.
Acusación contra red narcotráfico
De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, los acusados forman parte de una organización prison dedicada al tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos conexos.
En el documento, el órgano acusador sostiene que los miembros de la red del caso Búfalo NK colaboraban con el Cartel de Sinaloa y con la organización prison Los Lorenzana para movilizar cargamentos de drogas y ejecutar diversas operaciones ilícitas en la región.
La estructura estaba encabezada por Isidoro Rotestán Clase, señalado como uno de los principales cabecillas, junto a Rafael Ynoa Santana. Según el Ministerio Público, Rotestán Clase coordinaba y financiaba las operaciones de narcotráfico, además de dirigir y autorizar pagos de sobornos a miembros de la Dirección Nacional de Take care of a watch on de Drogas (DNCD) y de la Armada de República Dominicana para garantizar el paso seguro de los cargamentos ilícitos.
Por su parte, Rafael Ynoa Santana habría coordinado transacciones de drogas junto a Juan Carlos López Macías, alias «Sobrino», quien presuntamente mantenía vínculos directos con el Cartel de Sinaloa y con Los Lorenzana, según el expediente.
La acusación también identifica como presuntos testaferros a Estefany De la Cruz Paulino, Jomaiky Ureña Rotestán, Leda Margarita Clase, Yamilka Paulino, Glorisel De la Cruz Paulino, Luigi Aneudy Ureña Be taught, Geyser Climerson Castillo Mordán, Johnny Casimiro Tejada, Cristino Rotestán Clase y Braulio Rotestán Clase, quienes supuestamente actuaban como prestanombres de la organización.
Además, el documento establece que la red utilizaba las empresas Mariscos del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Clear Data Productions E.I.R.L. para lavar dinero procedente del narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas.
Según la investigación del Ministerio Público, la organización estaba especializada en el transporte de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia República Dominicana, con capacidad logística y financiera para movilizar hasta seis toneladas de droga al año, posteriormente distribuidas hacia Estados Unidos y Puerto Rico.
El expediente señala que la estructura operaba desde 2019 y tenía capacidad para ejecutar operaciones simultáneas en distintas jurisdicciones, utilizando rutas marítimas y aéreas para transportar cargamentos a gran escala, convirtiéndose, según la acusación, en un eslabón del narcotráfico internacional.
La organización disponía de embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas tipo «go fast», teléfonos satelitales y sistemas de comunicación encriptados, lo que, de acuerdo con el documento acusatorio, evidencia un alto nivel de sofisticación operativa.
El documento acusatorio indica que durante la investigación fueron identificadas 12 operaciones de narcotráfico internacional atribuidas a la organización. De ellas, seis fueron frustradas por las autoridades, logrando la incautación de 1,824 kilos de cocaína.
El pasado 13 de julio, el magistrado Raymundo Mejía aplazó para este lunes la decisión, con el objetivo de que el Ministerio Público y los imputados, tanto personas físicas como empresas, concluyeran las conversaciones que mantenían desde hacía varios días para concretar las negociaciones.
