La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana respaldó ayer públicamente el cierre de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra, al reproducir en su cuenta oficial de X un pronunciamiento del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, sobre las operaciones ilegales de la empresa y la necesidad de garantizar una competencia económica justa.
La misión diplomática, a través de su cuenta @EmbajadaUSAenRDdifundió en español el mensaje publicado originalmente en inglés por Segura en @WHAAsstSectycon lo que dio mayor visibilidad local a la posición del Departamento de Estado estadounidense.
«Reconocemos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china´´, expresó el funcionario.
Segura cuestionó las operaciones industriales sin los permisos correspondientes, el almacenamiento ilegal de combustible y la contratación irregular de trabajadores extranjeros, prácticas atribuidas a la empresa intervenida.
Advertencia
El mensaje concluyó con una advertencia sobre las condiciones que deben regir las relaciones comerciales: «Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho».
La reproducción del pronunciamiento por la Embajada estadounidense introduce una dimensión diplomática en las actuaciones de las autoridades dominicanas contra establecimientos comerciales e industriales vinculados a empresarios chinos.
Las inspecciones realizadas recientemente han revelado presuntas violaciones de normas laborales, migratorias y de seguridad, así como irregularidades relacionadas con permisos de operación y almacenamiento de combustibles.
Competencia desleal
Empresarios dominicanos, incluidos algunos que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, han expresado preocupación por las ventajas competitivas que obtienen establecimientos extranjeros cuando incumplen disposiciones legales que representan costos obligatorios para las empresas formalmente constituidas.
El caso de la fábrica de cartón plantea, además, interrogantes sobre la eficacia de la supervisión estatal. Una instalación industrial de esas dimensiones habría operado al margen de requisitos fundamentales sin que las instituciones competentes impidieran oportunamente sus actividades.
La intervención y el respaldo estadounidense colocan así el problema en un terreno que trasciende las infracciones particulares: la obligación del Estado dominicano de garantizar que todas las inversiones, independientemente de su procedencia, cumplan las mismas leyes y compitan en igualdad de condiciones.
La fábrica operaba en San Antonio de Guerra
La empresa clausurada, identificada como Fábrica Cartesa, operaba en San Antonio de Guerra en un complejo integrado por tres amplias naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias. Durante la intervención, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) descubrió un depósito clandestino, ocupó un tanque con capacidad para 5,000 litros y retuvo 1,000 galones de gasoil, con un valor conjunto estimado en 2.25 millones de pesos. La empresa carecía de certificado de uso de suelo y de las autorizaciones comerciales correspondientes.
El Ministerio de Vivienda paralizó las obras por violaciones a la Ley 687-82, mientras Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros. Varios fueron detenidos.
La intervención forma parte de una ofensiva más amplia de las autoridades dominicanas. Durante octubre, el Ministerio de Trabajo inspeccionó 101 tiendas y plazas comerciales de inversionistas chinos en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey.
Los inspectores levantaron 1,016 actas, de las cuales 42 correspondieron a infracciones, y ordenaron paralizar 24 establecimientos por condiciones que representaban peligro para los trabajadores. Entre las irregularidades detectadas figuraron despidos antes de cumplir tres meses, incumplimiento del descanso semanal, falta de pago de horas extraordinarias y violaciones a la proporción legal de empleados dominicanos y extranjeros.
A estas actuaciones se sumaron las intervenciones del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), que dispuso cierres temporales de establecimientos de capital chino por comercializar productos sin registro sanitario y mantener artículos para adultos al alcance de menores.
Las inspecciones han puesto de relieve un problema que trasciende las infracciones individuales: la existencia de negocios que incumplen obligaciones laborales, comerciales y de seguridad, con las consiguientes ventajas frente a empresas que sí asumen los costos de operar dentro de la legalidad.
China acusa a EE. UU. de injerencia en RD
La Embajada de China en República Dominicana acusó a Estados Unidos de intentar sembrar discordia y estigmatizar a los inversionistas chinos, tras el cierre de una fábrica de cartón en San Antonio de Guerra. La reacción surgió luego de que el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, felicitara al Gobierno dominicano por clausurar la empresa Cartesa, que operaba sin permisos y mantenía un depósito irregular de combustible.
La misión diplomática china afirmó que respeta las leyes dominicanas, pero rechazó que un caso particular se utilice para desacreditar a toda su comunidad empresarial. Asimismo, sostuvo que República Dominicana es un Estado soberano y que la aplicación de sus leyes constituye un asunto interno, por lo que cuestionó la intervención de Washington y pidió evitar manipulaciones políticas.
La Embajada destacó que la mayoría de las empresas chinas opera legalmente en el país, genera empleos y contribuye al desarrollo económico y social, por lo que consideró injusto generalizar las irregularidades detectadas en una sola compañía.
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