Por Luis Aníbal Medrano S.
La situación de la niñez y la adolescencia en la República Dominicana es compleja: combina avances importantes en políticas públicas con desafíos estructurales que aún limitan el desarrollo integral de millones de niños, niñas y adolescentes. Además, exige un compromiso activo no solo del Estado, sino también de toda la ciudadanía.
Un panorama general presenta que los niños, niñas y adolescentes representan alrededor del 31.7 % de la población dominicana, es decir, casi un tercio del país. Esto significa que cualquier problema que les afecte tiene un impacto directo en el presente y el futuro nacional.
Detectando las principales problemáticas, observamos que la violencia y maltrato arroja que más del 63 % de niños entre 1 y 14 años ha sufrido métodos violentos de disciplina en el hogar. La violencia infantil sigue siendo estructural y cotidiana, especialmente en el entorno familiar.
Las consecuencias que generan estos lastres se pueden enunciar como los problemas de salud mental, reproducción de ciclos de violencia, dificultades en el aprendizaje y desarrollo social.
Unos lamentables elementos como la desigualdad y la pobreza, aunque ha habido avances, muchos niños siguen viviendo en condiciones de vulnerabilidad con acceso desigual a educación de calidad, limitaciones en servicios de salud y nutrición y brechas territoriales (zonas rurales vs. urbanas). Esto genera exclusión social desde edades tempranas, afectando oportunidades futuras.
Con relación a la educación y oportunidades, es preciso decir que se han fortalecido programas educativos y de inclusión, pero persisten retos como: Abandono escolar, baja calidad educativa en algunos sectores y acceso limitado a tecnología y formación técnica, aunque en estos últimos el gobierno dominicano está sentando precedente con la masificación de los centros tecnológicos, centros de Infotep y los politécnicos.
Embarazo adolescente y uniones tempranas es una preocupación del actual gobierno y se observa el denodado accionar del despacho de la primera dama, Raquel Arbaje, quien preside de manera honorífica el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia (GANA), con el acompañamiento fructífero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que encabeza la maestra Ligia Perez Peña.
Esto continúa siendo un problema relevante que limita el desarrollo educativo y económico de las adolescentes. Sin duda alguna, eso está vinculado a pobreza, desigualdad y falta de educación sexual.
La falta de protección integral, aunque existen leyes y políticas, su aplicación aún enfrenta debilidades; independientemente del gran avance obtenido en los últimos cinco años, persisten brechas en protección contra abuso, registro oportuno de nacimiento y acceso a justicia.
No todo es negativo; en los últimos años se han logrado avances importantes. Se han ampliado programas de protección social, mayor enfoque en la primera infancia, iniciativas para mejorar la educación y digitalización, mayor producción de datos para diseñar políticas públicas.
A todo eso, el necesario apoyo ciudadano es de capital importancia para lograr el bienestar de la niñez y la adolescencia, que no es solo responsabilidad del Estado; también depende de la sociedad.
La pregunta obligada es: ¿Por qué es clave la participación ciudadana? Porque muchos problemas (violencia, abandono, desigualdad) ocurren en el entorno social y familiar. Por lo que la ciudadanía debe promover crianza positiva, evitar castigos físicos y humillantes, fomentar el respeto y la comunicación, denunciar abusos, no normalizar la violencia infantil, utilizar canales institucionales de denuncia, apoyar la educación, participar en escuelas y comunidades, incentivar el estudio y el desarrollo de habilidades. De igual forma, involucrarse en la comunidad con programas sociales, voluntariado, creación de espacios seguros para jóvenes, exigir políticas públicas efectivas, vigilancia ciudadana y participación en debates y decisiones locales.
En conclusión, la niñez y la adolescencia en la República Dominicana enfrentan retos estructurales como la violencia, la desigualdad y las limitaciones educativas, pero también existen oportunidades reales de mejora.
El punto clave es este: sin el compromiso ciudadano, ninguna política pública será suficiente. Proteger a la niñez no es solo una obligación legal o institucional, sino una responsabilidad ética colectiva que define el futuro del país.
Luis Aníbal Medrano Silverio es periodista, político, municipalista y creador de contenido.
