Santo Domingo.- El senador Antonio Taveras quien presidió la comisión e justicia por dos años, planteó que uno de los principales retos del sistema de justicia dominicano es reducir la cultura del litigio y fomentar una mayor utilización de mecanismos alternativos para resolver conflictos penales.
El legislador consideró que el país cuenta actualmente con suficientes herramientas legales para evitar que determinados casos tengan que recorrer todas las etapas de un proceso judicial, siempre que su naturaleza permita una salida alternativa.
A su juicio, el problema no radica en la ausencia de legislación, sino en la forma en que jueces, fiscales y abogados han acostumbrado manejar los conflictos sometidos al sistema de justicia.
“Es necesario trabajar con los distintos actores del sistema —jueces, fiscales y, muy especialmente, abogados— para reducir la arraigada cultura del litigio que todavía prevalece en la República Dominicana”, sostuvo.
Taveras explicó que el nuevo Código Procesal Penal amplió las posibilidades de utilización de mecanismos alternativos dentro de los procesos y que existen actualmente figuras como la conciliación, la mediación, los criterios de oportunidad y el procedimiento penal abreviado.
Cada una de estas alternativas, precisó, cuenta con condiciones y presupuestos establecidos en la normativa para determinar en cuáles casos puede ser utilizada.
En consecuencia, el senador entiende que no resulta necesaria, por el momento, la aprobación de una nueva legislación dirigida específicamente a fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal.
“Particularmente, considero que, por el momento, no es necesaria la aprobación de una nueva legislación para fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el ámbito penal”, indicó.
Para Taveras, el paso siguiente debe concentrarse en lograr que las herramientas que ya existen sean aplicadas con mayor frecuencia y efectividad por los operadores del sistema.
En ese sentido, sostuvo que República Dominicana debe avanzar hacia una cultura jurídica que favorezca, cuando las circunstancias lo permitan, las salidas alternativas y las soluciones consensuadas, en lugar de asumir el litigio como primera opción ante cualquier conflicto penal.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado considera que ese cambio requiere políticas institucionales, capacitación y transformación de las prácticas tradicionales de quienes intervienen en la administración de justicia.
“Más que una cuestión de nueva legislación, estamos ante un desafío de política institucional, formación y transformación de las prácticas de los operadores del sistema”, afirmó.
Taveras insistió en que, al menos en materia penal, el ordenamiento jurídico dominicano ya cuenta con instrumentos suficientes, por lo que el reto consiste ahora en conseguir que sean utilizados de manera más amplia.
