Santo Domingo.– El Gobierno dominicano detalló este miércoles que acogerá cada mes a unos treinta deportados de terceros países desde Estados Unidos, tras suscribir en la víspera un polémico acuerdo por un año con ese país norteamericano.
El canciller dominicano, Roberto Álvarez, dijo hoy —en rueda de prensa— que EE. UU. enviará una treintena de personas por mes y que su estadía en la isla caribeña será «de entre unos siete a quince días». Además, el alto funcionario añadió que la duración del acuerdo es de un año y que el Gobierno estadounidense cubrirá todos los gastos de estas operaciones.
El Ejecutivo dominicano había adelantado ayer que acogería un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Washington, a excepción de haitianos y menores no acompañados, para «facilitar» el retorno a sus naciones.
Sin embargo, el Gobierno del país caribeño «aún no ha identificado» el lugar exacto donde permanecerán los deportados, aunque estarán «permanentemente bajo vigilancia» y, además, las autoridades dominicanas recibirán el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), admitió hoy Álvarez.
De igual modo, el canciller negó que el Gobierno dominicano haya recibido «presiones» de Estados Unidos para aceptar ese acuerdo de carácter no vinculante, tras las críticas de sectores de la oposición y de la sociedad civil por considerarlo «violatorio» de la soberanía nacional.
Nuestro gobierno recibe solicitudes de todos nuestros socios, pero no recibe presiones (…) soberanamente decidimos cuáles solicitudes aceptar y cuáles no. Lo que conviene a nuestra soberanía, y por eso no hemos incluido en el acuerdo el arribo de ningún ciudadano haitiano», subrayó Álvarez.
El ministro de Relaciones Exteriores también afirmó que República Dominicana «no tenía motivos» para negarse a una petición de ese tipo, formulada por Estados Unidos, su «principal» socio comercial y aliado político.
Países como Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay, entre otros, han firmado acuerdos similares con Estados Unidos. Estas personas no son criminales, solo que no entraron regularmente a Estados Unidos y no se encuentran en el sistema migratorio de ese país», abundó el alto cargo.
Finalmente, Álvarez enfatizó: «No estamos hablando de asentamiento permanente ni de absorción migratoria, ni de procesos judiciales en el país. Es una operación de tránsito controlado, temporal, realizada bajo parámetros de soberanía nacional y cooperación internacional».
