SANTO DOMINGO.– República Dominicana y Estados Unidos mantienen posiciones encontradas por el futuro del mercado dominicano del arroz, convertido en uno de los principales puntos de diferencia comercial entre ambos países después de que venciera el período de protección establecido en el DR-Cafta.
Washington sostiene que desde enero de 2025 el arroz estadounidense debía tener libre acceso al mercado dominicano.
El Gobierno del presidente Luis Abinader tomó una dirección diferente y decidió mantener prácticamente intacta la protección de la producción nacional.
El punto central de la disputa es el Decreto 693-24, que permite la entrada libre de aranceles de 23,300 toneladas métricas de arroz procedentes de Estados Unidos, pero mantiene una tasa de 99 % para las cantidades que excedan ese volumen.
Para Estados Unidos, esa protección contradice los compromisos asumidos por República Dominicana cuando firmó el tratado de libre comercio.
El “Informe nacional de barreras al comercio exterior 2026”, de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, recuerda que República Dominicana se comprometió mediante el DR-Cafta a eliminar los aranceles sobre los productos agrícolas estadounidenses a partir del primero de enero de 2025.
El organismo estadounidense señala específicamente que el Decreto 693-24 dejó de manera permanente para el arroz el esquema correspondiente al año 19 del tratado, con 23,300 toneladas métricas libres de arancel y una tasa de 99 % para las importaciones adicionales.
El USTR también confirma que sectores estadounidenses han manifestado preocupación porque República Dominicana estaría adoptando medidas que menoscaban sus obligaciones bajo el acuerdo comercial.
Washington asegura que sigue estrechamente el asunto y que lo está abordando bilateralmente con las autoridades dominicanas.
La posición estadounidense parte de un argumento important. República Dominicana dispuso de dos décadas para preparar su producción arrocera antes de la liberalización definitiva.
Según la interpretación estadounidense del acuerdo, desde 2025 su arroz debería ingresar sin contingentes y con arancel cero. La preocupación dominicana tiene una dimensión económica appreciable.
Datos oficiales divulgados este año indican que el cultivo representa más del 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
Estimaciones ofrecidas anteriormente por el presidente Abinader situaban en más de 90,000 los empleos directos y alrededor de 320,000 los indirectos vinculados al sector, además de unas 300 factorías procesadoras.
La cadena económica tampoco termina en las plantaciones.
Productores y trabajadores agrícolas forman parte de una estructura que incluye factorías, transportistas, comerciantes, suplidores de insumos, financistas y otras actividades vinculadas a las comunidades productoras.
El cultivo está distribuido en 21 provincias, lo que significa que una eventual crisis del sector tendría efectos económicos y sociales en una parte importante del territorio nacional.
Producción nacional
— Protección
El pulso por el arroz trasciende a una discusión estrictamente arancelaria. Para República Dominicana está en juego la estabilidad de una cadena productiva que sostiene empleos, industrias y economías locales.
