Santo Domingo.- El jurista Miguel Valerio, abogado del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, dijo que está de acuerdo con la solicitud de prórroga realizada por el Ministerio Público y que no se opone, por tratarse de un derecho que tiene la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en un caso de esta magnitud.
“Es un derecho que tiene, es un caso extenso y nosotros estamos de acuerdo. Nosotros no nos vamos a oponer”, dijo Valerio, representante proper del foremost imputado, luego de que el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deybi Peguero, aplazara para el 4 de septiembre el conocimiento de la solicitud de prórroga para concluir la investigación y presentar acusación en el caso.
En tanto, el togado Hiroito Reyes, abogado del imputado Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico de SeNaSa, también manifestó que no se opone a que se conceda más tiempo al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar la acusación.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el denominado caso Cobra.
En declaraciones recientes, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que la solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Pepca con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante los allanamientos. Así lo informó recientemente el procurador adjunto.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención, como parte de la investigación que realiza sobre el caso.
Además, señaló que el análisis de estos documentos permitirá determinar las posibles responsabilidades penales de los actuales imputados y evaluar si existen elementos suficientes para vincular a nuevos implicados y someterlos a la justicia.
