Hace pocas semanas, Frank Rainieri emitió un llamado urgente que trasciende el sector hotelero. Advirtió que «el crecimiento sin orden es el enemigo de la sostenibilidad«, señalando que la falta de coherencia en el uso del suelo pone en riesgo la competitividad de destinos que aportan más del 18 % al PIB nacional y reciben anualmente alrededor de 10 millones de visitantes.
Sus palabras subrayan una realidad crítica: el modelo de desarrollo dominicano ha madurado y requiere una gobernanza del territorio a la altura de sus objetivos y ambiciones económicas.
Esta alerta se alinea con las declaraciones de Ligia Bonetti ante la Cámara Americana de Comercio respecto al nearshoring, en la que destacó que la relocalización con las cadenas de suministro globales ofrece a la República Dominicana una ventana única para atraer inversiones industriales y de servicios.
Sin embargo, fue enfática al señalar que «los inversores buscan territorios predecibles, con infraestructura integrada y regulaciones claras».
El nearshoring no es solo una cuestión de costos; es una competencia de eficiencia logística y calidad de vida, variables directamente vinculadas a un ordenamiento territorial efectivo. Estudios regionales indican que las empresas priorizan las ubicaciones que cuentan con planes de uso de suelo consolidados para reducir riesgos operativos hasta en un 25 %.
Ambas intervenciones convergen en un diagnóstico preciso: el país ha llegado a un estadio de desarrollo donde la ausencia de planificación puede derivar en un fracaso sistémico. Con una tasa de urbanización que supera el 83 % y una presión demográfica que satura las infraestructuras metropolitanas, la República Dominicana no puede seguir improvisando y operando bajo la inercia.
Para que el ordenamiento territorial sea efectivo, debe existir primero una visión de desarrollo que lo guíe. Esta visión no puede ser impuesta, requiere que todos los actores del territorio —gobierno central, ayuntamientos, sector privado y comunidades— lleguen a un consenso no solo del destino, también de la ruta para alcanzarlo.
Los «Planes de Ordenamiento Territorial«, en sus escalas nacional, regional y municipal, deben ser el reflejo fiel de este pacto social. No pueden limitarse a ejercicios cartográficos; deben plasmar la visión acordada y funcionar como una hoja de ruta vinculante.
Estos instrumentos exigen gestión activa. La formulación es solo el inicio; su realización requiere mecanismos de coordinación interinstitucional, instrumentos financieros y sistemas de monitoreo.
La fragmentación actual diluye los esfuerzos, se estima que la falta de articulación en la inversión pública reduce su impacto en el desarrollo regional en más de un 15 %. Además, la gestión debe incluir la actualización periódica de los planes ante cambios climáticos y económicos, para asegurar que la hoja de ruta mantenga su vigencia.
El desafío es inminente. Si el país no ajusta su enfoque hacia un ordenamiento gestionado con rigor, enfrentará el deterioro de sus activos estratégicos y perderá oportunidades históricas.
Rainieri y Bonetti coinciden implícitamente: sin una hoja de ruta consensuada y ejecutada, la República Dominicana se arriesga a estancarse en la trampa de los ingresos medios, vulnerabilidad ante desastres, pérdida de competitividad y fuga de capitales.
El ordenamiento territorial es hoy la condición sine qua non para consolidar el desarrollo y el avance económico y social del país. El tiempo para actuar es ahora.
