La República Dominicana amplió el acceso a la educación, mejoró las condiciones laborales del magisterio y aumentó sustancialmente la inversión, pero esos avances no se han traducido en mejoras proporcionales del aprendizaje, según el steadiness de los primeros diez años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, publicado por el Consejo Económico y Social (CES).
El estudio, elaborado por Magdalena Lizardo Espinal con la colaboración de Marygracia Aquino, examina el período 2014–2024 y sitúa la calidad educativa entre los desafíos menos resueltos del acuerdo. Advierte que persisten diferencias entre el currículo establecido y las prácticas pedagógicas del aula, junto con limitaciones en el acompañamiento a las escuelas.
Publicado en 2026, el documento reconoce la generalización de la jornada escolar extendida, la expansión de la educación inicial y la atención integral a la primera infancia como cambios relevantes. También destaca la actualización curricular por competencias y las nuevas normas sobre formación y desarrollo de la carrera docente.
Sin embargo, la ampliación de oportunidades mantiene resultados desiguales. Persisten brechas territoriales y socioeconómicas, además de dificultades para que los estudiantes concluyan oportunamente los niveles educativos. La vulnerabilidad económica, la incorporación temprana al trabajo, el embarazo adolescente y las uniones tempranas afectan las trayectorias escolares.
Retos de la inversión
En materia financiera, el informe considera histórico el incremento del gasto educativo, que permitió expandir infraestructura, servicios y programas. Señala, no obstante, problemas de eficiencia, calidad del gasto y correspondencia entre las inversiones realizadas y las prioridades estratégicas del sistema.
La carrera docente presenta un steadiness igualmente contrastante. Mejoraron la regulación del ingreso, la formación inicial y continua y las condiciones laborales, pero siguen pendientes una articulación efectiva entre evaluación, incentivos y desarrollo profesional, así como mecanismos de acompañamiento que permitan convertir esos avances en mejores prácticas de enseñanza.
La gestión educativa conserva, además, una estructura centralizada. Aunque avanzaron la modernización administrativa y los sistemas de información, las regionales, los distritos y los centros disponen de autonomía insuficiente para responder a las necesidades de sus comunidades.
El propio seguimiento del Pacto enfrenta una debilidad traditional: la ausencia de un sistema de indicadores oficialmente aprobado y de metas explícitas compartidas. Sus instancias han funcionado principalmente como espacios de seguimiento y validación, con capacidad limitada para impulsar ajustes oportunos.
Desafíos hacia 2030
El documento también pide considerar el impacto de la pandemia sobre los aprendizajes y la equidad. Para el período restante hasta 2030, propone concentrar esfuerzos en los aprendizajes fundamentales, la profesionalización docente, la coordinación institucional y la vinculación de la educación con las necesidades productivas.
El steadiness reconoce que el Pacto sostuvo consensos y dio continuidad a políticas, pero advierte que su efectividad dependerá de convertir esos acuerdos en resultados verificables dentro de las aulas y en oportunidades concretas para los estudiantes de todo el país.
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